DAR INFORMACIÓN NO FINANCIERA, LA NUEVA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL
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Supone un cambio significativo respecto al carácter voluntario que caracterizaba a este tipo de reportes 

 

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley que modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la ley de Auditoría en materia de información no financiera y diversidad. La normativa, a su vez, transpone al ordenamiento legislativo español la directiva europea cuyo objetivo es garantizar que la información no financiera, social y medioambiental procedente de las grandes empresas. Con ello se trata de reflejar de manera transparente la actividad de las sociedades obligadas a prevenir la corrupción, la evasión y la elusión fiscal, y así disponer de variables que vayan mucho más allá de las que son meramente financieras. Así, las empresas podrán aportar datos sobre la calidad y el impacto real de todo aquello que producen u ofrecen y que no tienen reflejo en los datos de facturación.


Transparencia Hace unos años la transparencia corporativa –sobre todo en cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno– se percibía como una materia de buenas prácticas, y por tanto de cumplimiento voluntario; sin embargo hoy en día se ha convertido en una cuestión fundamental en la actividad empresarial, porque la empresa además de un agente económico es un agente que juega o tiene un rol social, cultural y medioambiental. La transparencia es un valor instrumental, porque reduce las incertidumbres del mercado sobre las preferencias de los dirigentes y reguladores, genera mercados financieros más eficientes e incrementa la inversión contribuyendo al crecimiento económico, mientras que la opacidad hace lo contrario, la desincentiva. La nueva obligación para estas sociedades consiste en la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su órgano de administración sobre cuestiones como edad, sexo, discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En caso de que la sociedad no aplicase una política de diversidad, no existe obligación alguna de establecerla, aunque la declaración sobre gobernanza empresarial ha de explicar claramente el motivo por el que no se aplica.

 

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Fuente: elEconomista economistas.es 21-12-2018

 


 

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