Usar al asesor fiscal para delatar: otro golpe a la seguridad jurídica Imprimir

 

Los asesores fiscales españoles, como el resto de sus colegas europeos, tendrán a partir del 1 de julio de 2020 la obligación de avisar a Hacienda cuando tengan la sospecha de que alguno de sus clientes tenga en mente o en marcha la elaboración de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Así se establece en la Directiva 2011/16/UE de Cooperación, conocida coloquialmente, como DAC 6, cuyo texto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros y será enviado al Parlamento para su transposición, junto con su reglamento, el manual de uso.

 

Se trata de una normativa de la UE, que permite un nivel de exigencia distinto en cada uno de los Estados y que carece de concreción sobre lo que es sancionable y lo que no, lo que puede llegar a provocar que el contribuyente deje de beneficiarse, por miedo o por prudencia, de ventajas fiscales dentro de la legalidad más absoluta. Se trata de medidas preventivas de Hacienda, que pueden llegar a provocar, más allá de la persecución del fraude fiscal, un descalabro económico y una violación de la economía de opción.

 

“En la práctica, la norma obliga a dar toda la información patrimonial a la Administración Tributaria sobre operaciones con algún componente extranjero y que se puedan considerar -según su criterio- defraudatorias o agresivas, aunque paradójicamente no lo sean”, en definición de Gustavo Yanes, tax partner de Monereo Meyer Abogados.

 

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Fuente: elEconomista economistas.es 14-05-2020